El Gobierno avanza contra la UTA y La Fraternidad con multas millonarias, por el paro del 19 de febrero

El Gobierno nacional aplicó una serie de multas millonarias contra la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) y el sindicato ferroviario La Fraternidad por incumplir las conciliaciones obligatorias dictadas antes del paro general del pasado 19 de febrero, convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT).

La administración de Javier Milei dispuso sanciones que alcanzan los 70 mil millones de pesos para el gremio de colectiveros, y 20 mil millones para la organización que nuclea a los conductores de trenes.

La Secretaría de Transporte, que depende del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, avanzó con sanciones económicas contra los gremios del sector. El Gobierno nacional adoptó la decisión luego de que ambas organizaciones sindicales adhirieran a la huelga nacional, pese a la vigencia de conciliaciones obligatorias dictadas en el marco del conflicto salarial.

La cartera que conduce Fernando Herrmann fundamentó la decisión en el incumplimiento del procedimiento de conciliación laboral que rige cuando se desarrolla un conflicto colectivo de trabajo. El organismo nacional recordó que la conciliación obligatoria para la UTA se extendía del 10 al 26 de febrero, mientras que la disposición para La Fraternidad se encontraba vigente desde el 4 de ese mismo mes hasta la misma fecha.

En ese marco, las autoridades nacionales señalaron que el Gobierno optó por aplicar las referidas sanciones luego de analizar distintas alternativas frente al incumplimiento sindical. “Lo que buscábamos era dejar el mensaje de que incumplir con una conciliación es grave. Deben cumplir con la ley”, sostuvo una importante fuente del Ejecutivo nacional.

Si bien la administración libertaria evaluó inicialmente avanzar con la quita de la personería gremial de las organizaciones sindicales involucradas, decidió modificar su estrategia y avanzar primero con sanciones económicas que deberán afrontar los gremios por la adhesión a la medida de fuerza.

En tanto, funcionarios del área de transporte sostuvieron que el pago de las multas constituirá una prueba de cumplimiento para las organizaciones sindicales sancionadas. En ese sentido, sectores del Gobierno advirtieron que la Casa Rosada podría retomar la posibilidad de aplicar la sanción máxima si los gremios desconocen el pago de las penalidades económicas.

Vale precisar que el conflicto que derivó en el paro del 19 de febrero, en el marco del debate por la reforma laboral, también se enmarcó en la discusión salarial en el transporte automotor de pasajeros. En ese contexto, la UTA sostuvo que el sector enfrenta un deterioro de los ingresos frente al incremento sostenido de los costos operativos del sistema.

“El sector se ve forzado a operar con ingresos estructuralmente insuficientes, en un contexto de incremento constante y acelerado de los costos operativos esenciales”, expresó el sindicato a través de un comunicado difundido durante el conflicto.

El secretario gremial de la Unión de Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, cuestionó la política económica del Gobierno nacional al justificar la adhesión al último paro de transporte. “Estamos contentos con el acatamiento. No es un paro extorsivo, sino que los trabajadores no llegan a fin de mes con el sueldo”, afirmó el dirigente al referirse al alcance que tuvo la medida de fuerza entre los choferes de colectivos.

El representante del gremio también criticó la pauta inflacionaria que el Ejecutivo utiliza como referencia en la discusión salarial del sector. “No se puede respetar una inflación mentirosa del 1%, como es la que quiere utilizar Milei para la paritaria”, sostuvo el dirigente al cuestionar el criterio que aplica el Gobierno nacional en las negociaciones paritarias.

Desde el sector empresario del transporte también expusieron dificultades financieras vinculadas al funcionamiento del sistema. El presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), Luciano Fusaro, consideró que el reclamo salarial del gremio tiene fundamentos, aunque advirtió que las empresas enfrentan restricciones económicas para afrontar nuevos aumentos.

“El reclamo es justo, pero los ingresos están congelados desde hace nueve meses”, afirmó Fusaro al describir la situación que atraviesan las compañías del sector. El titular de la cámara empresaria explicó además que los recientes ajustes tarifarios no impactaron en la estructura económica de las empresas y remarcó que “el Estado fija el precio del servicio y en la cuenta que hace no se contempla un ajuste paritario”.