El ministro de Salud, Nicolás Kreplak, volvió a demandar a la Legislatura que le dé el visto bueno final al proyecto, que está en el Senado.

Según pudo conocer Buenos Aires/12 por parte del oficialismo en la cámara alta, la intención es esperar a que pase el 10 de diciembre y avanzar con el tratamiento con la nueva conformación del cuerpo, dado que desde ese momento Fuerza Patria tendrá quórum propio. Es decir, se trataría en el periodo de extraordinarias.

Este martes, desde un acto en el Hospital Gutiérrez de La Plata que compartió con el dirigente social y candidato a diputado nacional Juan Grabois, el ministro Kreplak sostuvo que la idea de transformar el actual Instituto Biológico Tomás Perón en una empresa pública, “va a permitirnos escalar mucho más la producción” de los medicamentos e insumos.

“Vamos a producir más cantidad, a menor costo y garantizar mayor accesibilidad para todos. Tenemos media sanción, esperamos que puedan darnos la que falta en el Senado para que en los dos años que quedan acompañando al gobernador podamos hacer de la salud un derecho y de los medicamentos un bien social”, sostuvo.

El funcionario dio cuenta de un panorama grave en materia de acceso a los remedios: dijo que 1 de cada 4 jubilados no puede comprar los medicamentos que sus médicos les recetan. “Eso se traduce en un aumento del 30% en la demanda en las guardias. Han empeorado la vida de nuestros adultos mayores”, sostuvo. “Las empresas ganan más con menos ventas, por eso el Estado tiene que ponerse adelante”, postuló.

Desde allí se llevó el apoyo de Grabois, quien pidió a los legisladores “que voten la ley” con la intención de “elaborar y distribuir medicamentos para que nunca más pase lo del fentanilo”, en referencia a los fallecimientos de unas 89 personas por esa droga contaminada.

“Mi mensaje es para nuestros legisladores: ayuden a que salga la ley para que se puedan distribuir medicamentos a precios razonables y que los hospitales, las obras sociales y los privados no sean rehenes de cinco laboratorios que nunca pierden nada”, dijo. “Nuestra Provincia tiene la capacidad técnica para desarrollar un montón de medicamentos si la Legislatura sanciona esa ley”, sumó.

La iniciativa se aprobó en diciembre pasado en la Cámara de Diputados, cuando el peronismo sumó los votos de dos integrantes del entonces llamado Acuerdo Cívico UCR+GEN, ahora Somos Buenos Aires, y del ya disuelto bloque Unión Renovación y Fe, ahora dividido en Nuevos Aires y Unión y Libertad, que sumaron modificaciones al texto para poder dar sanción, como la creación de una comisión bicameral de Seguimiento, Fiscalización y Control integrada por seis diputados y senadores. Desde entonces, no pudo avanzar en el Senado.

El proyecto que tuvo luz verde en la Cámara baja sostiene que la producción en cualquiera de sus presentaciones y especialidades se destinarán, prioritariamente, al abastecimiento de servicios de salud públicos provinciales y municipales.

Asimismo, establece que podrá vender al costo la producción o el suministro de determinados productos de “especial interés sanitario”.

Sobre el modo de organización de la Sapem, se prevé que el capital social estará representado en un 51 por ciento por acciones clase "A", cuya titularidad única y exclusiva corresponderá al Estado Provincial; mientras que el 49 por ciento serán de clase “B”, cuyos accionistas deberán demostrar experiencia en el rubro, garantizando una gestión eficiente y especializada, en tanto que este no podrá ser titular de un monto mayor al 10 por ciento de las mismas.

La Dirección y Administración estará a cargo de un Directorio integrado por un presidente, cuatro directores titulares y cuatro suplentes, con mandato por tres ejercicios, respetando la paridad de género.

En cuanto a sus funciones, la ley establece que el Centro podrá fabricar medicamentos, vacunas, insumos odontológicos y equipamiento. A esto se suman otras acciones como la posibilidad de iniciar procesos de compra, venta, investigación y distribución de su producción.

Según la cartera sanitaria, esto permitirá hacer compras centralizadas y bajar precios de medicamentos para la provincia y los municipios, entendiendo que contar con esta empresa pública “debería contribuir a evitar los sobreprecios”.

La propuesta promueve también la investigación, así como el desarrollo de nueva medicación, aplicación tecnológica, valor agregado y soberanía sanitaria para casos donde es necesario imponer una definición política desde el Estado, como fue la pandemia.