POLÍTICA
La Justicia frenó el cierre de más de 600 servicios del INTI que impulsaba el Gobierno
Una cautelar suspendió parcialmente la Resolución 42/2026 y obligó a mantener programas clave del INTI, según ATE.
28 de Mayo de 2026
La Justicia federal dictó una medida cautelar que frenó de forma parcial el plan del Gobierno nacional para disponer el cierre de más de 600 servicios esenciales del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
El fallo judicial suspendió temporalmente los efectos de la Resolución 42/2026, una normativa que ordenaba un fuerte recorte estructural sobre el organismo y que había desencadenado sucesivas protestas gremiales ante el temor de despidos masivos y la pérdida de capacidades técnicas del Estado.
La decisión fue tomada por el juez federal subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, a cargo del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, tras dar lugar a un recurso de amparo presentado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). La presentación sindical exigía congelar los efectos de la reforma administrativa mientras los tribunales evalúan la legalidad del decreto y sus consecuencias directas sobre las fuentes de trabajo.
La polémica Resolución 42/2026, publicada oficialmente en abril, establecía la baja definitiva de un amplio abanico de prestaciones técnicas, laboratorios de ensayos, certificaciones de calidad y programas de asistencia industrial. Desde el Poder Ejecutivo habían justificado la medida bajo la premisa de avanzar en un plan de “simplificación administrativa” y reducción del gasto público —enmarcado en la denominada política de la “motosierra”— para achicar la estructura del Estado y transferir ciertas funciones al sector privado.
La resolución del juez Tezanos Pinto obliga a las autoridades del instituto a garantizar la continuidad provisoria de programas clave del organismo:
Asistencia y transferencia: Se ordenó mantener operativos los esquemas de transferencia tecnológica y asistencia técnica directa a los sectores productivos.
Controles y ensayos: Deben seguir bajo la órbita estatal los laboratorios encargados de realizar ensayos y emitir certificaciones oficiales de seguridad y calidad industrial.
Estabilidad laboral: El fallo exige asegurar la ocupación efectiva de todo el personal afectado, disponiendo el mantenimiento pleno de sus categorías, funciones y remuneraciones actuales.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, celebró públicamente el dictamen y consideró que la cautelar representa un avance significativo contra lo que catalogó como un desguace del patrimonio estatal y una ola de despidos ilegales.
