Schoklender declaró que Aníbal Fernández financiaba un centro destinado a denunciar al PRO

Sergio Schoklender, exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, amplió este miércoles su declaración indagatoria en el juicio oral por la causa “Sueños Compartidos”, que investiga presuntas irregularidades y un supuesto desvío de más de 200 millones de pesos en la construcción de viviendas sociales.

Durante la audiencia, Schoklender defendió el proyecto y afirmó que en su vida tuvo varias empresas: “Todo lo puse al servicio de este proyecto porque creo en él, sigo creyendo en él, porque era el único proyecto sano en medio de dos décadas infames de corrupción”, dijo.

El exfuncionario también reveló que en la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo se había armado un “centro de investigación” que recibía un subsidio fijo gestionado por Aníbal Fernández, a través de Hebe de Bonafini, destinado a realizar “denuncias permanentes contra funcionarios del PRO”. Según Schoklender, esas denuncias las presentaba el abogado Eduardo Barcesat.

Al respecto, detalló que Barcesat convenció a Bonafini de que transmitiera a Fernández la necesidad de recursos para “comenzar a realizar” estas denuncias. Entre las acciones judiciales impulsadas por el abogado figuran presentaciones contra Mauricio Macri, Gabriela Michetti, Patricia Bullrich, Marcos Peña y Germán Garavano.

Schoklender también se refirió a otras fuentes de financiamiento de la Fundación y habló de donaciones del exterior, aportes de figuras del espectáculo, festivales y contribuciones de Hugo Chávez, de las que admitió que “alguno se perdió en el camino”. Afirmó también que la organización funcionaba como “un aparato militante del kirchnerismo” por indicación de Bonafini.

En relación con las obras, sostuvo que la única que se suspendió fue en Almirante Brown “porque nos habían entregado un basural”, pero que luego se construyeron proyectos adicionales como un centro de salud en El Impenetrable, con casa para el encargado y espacio para helicóptero en emergencias.

En otro momento de su declaración, Schoklender criticó duramente al perito de la Corte Suprema, Francisco Guzmán, al afirmar que “da vergüenza ajena lo que escuchamos acá”. Según Schoklender, al consultar a las provincias le confirmaron que las viviendas “estaban todo funcionando”.

El informe de Guzmán aseguró que en algunos lugares se entregaron viviendas que no estaban en condiciones de ser habitadas. Por ejemplo, describió que muchas familias se calentaban con un tacho de chapa y tomaban agua de otra casa en una de las inspecciones realizadas.

Por su parte, la perito contable María Eleonora Feser agregó que los libros contables presentados por la Fundación tenían asientos sin respaldo documental como facturas o comprobantes de transferencias. Guzmán.

La causa Sueños Compartidos investiga el destino de sumas millonarias transferidas por el Estado a la Fundación para la construcción de viviendas sociales.

La acusación sostiene que se habrían desviado alrededor de 206 millones de pesos que no se destinaron a las obras, con un segundo tramo vinculado a presunto lavado de dinero a través de empresas de los hermanos Schoklender. El juicio oral comenzó en febrero de este año ante los jueces Adrián Grünberg, Adriana Palliotti y Ricardo Basílico.