La oposición acorrala a Kicillof con un pedido de informe sobre la pauta bonaerense

La diputada de la Coalición Cívica Romina Braga insistió con un pedido de informes para que el Ejecutivo de Axel Kicillof detalle el uso de la pauta bonaerense en el Banco Provincia, con foco en los gastos de publicidad oficial y su asignación. La iniciativa también incluye el uso de los palcos en el Estadio Único de La Plata, en un planteo que apunta a transparentar criterios y distribución de recursos del Estado.

La legisladora de la oposición solicitó un informe detallado sobre los montos totales asignados a la pauta oficial de la entidad bonaerense durante 2022, 2023 y 2024, además de exigir precisiones sobre los contratos celebrados con influencers y personalidades destacadas. En ese marco, el planteo busca determinar cuánto se pagó, durante qué períodos se extendieron esos acuerdos y bajo qué criterios se definieron las contrataciones.

La presentación busca establecer si el Banco Provincia realizó evaluaciones sobre el impacto y el retorno de inversión de las campañas de comunicación. En caso de que esos análisis existan, la autora exigió que la conducción bonaerense remita copias para evaluar la eficacia de las estrategias implementadas.

Además, la diputada lilita reclamó información sobre el proceso de aprobación de esas acciones de difusión, al consultar si el Directorio del Banco Provincia intervino en la validación de los convenios con influencers. En paralelo, el articulado incorpora el uso de los palcos del Estadio Único de La Plata como otro eje de control sobre los recursos públicos.

El pedido de informes de la Coalición Cívica busca determinar si hubo cesiones gratuitas de esos espacios a autoridades provinciales, municipales o representantes de organizaciones sociales y culturales, con el fin de evaluar posibles beneficios discrecionales.

Según los últimos datos disponibles, en 2024 el Gobierno destinó a pauta bonaerense $17,3 mil millones a través del Banco Provincia y Lotería de la Provincia de Buenos Aires, mientras que YPF ejecutó $97 mil millones en el mismo rubro, lo que refuerza el debate sobre el control de estos recursos.

La encargada de repartir a discreción la millonaria pauta bonaerense, es la subsecretaria de Coordinación de Medios, la camporista Mariana Inés “Mariné” Lopisi, que es conocida por sus reiterados destratos a la prensa.

Lopisi, que además es vocera del club Estudiantes de La Plata (EDLP), responde a las órdenes de otros dos dirigentes de La Cámpora, Hernán Reibel Meier y Fabián “Conu” Rodríguez, expresidente de la extinta agencia Telam.

Vale recordar que, “Conu” Rodríguez fue investigado por la Justicia por presuntas relaciones con el espía inorgánico Ariel Zanchetta, a quién lo acusaban de encargarle investigaciones prohibidas por la ley.

Asimismo, Lopisi en su momento también fue investigada por la Justicia por una presunta sustracción de documentación de la agencia de noticias estatal, durante la gestión de Rodríguez.

Los pocos datos que trascienden indican que, en 2025, año electoral, el gasto en publicidad oficial bonaerense decidido por Lopisi fue de $58,3 mil millones y aumentó un 63% respecto de 2024 en términos reales, es decir, descontando el efecto de la inflación.

En ese momento, el holding de Cristóbal López fue el principal beneficiario de la pauta bonaerense con destino a 7 medios, que en total recibieron unos $6.960 millones. El principal destinatario es su canal de cable, C5N, que en 2025 cosechó un total de $4.025 millones.

El segundo receptor de pauta que distribuye Lopisi, si se analiza por grupo de medios, es el Grupo Olmos o Grupo Crónica. Según los datos de 2025, el grupo recibió el 6,2% de la pauta provincial, unos $3.617 millones.

El Grupo América -de los empresarios Claudio Belocopitt, Daniel Vila y José Luis Manzano– ocupa el tercer puesto, con el 5,2% de la pauta total bonaerense, unos $3.094 millones.

El reparto arbitrario de Lopisi y compañía se debe a que la Provincia no tiene criterios de reparto de publicidad establecidos por ley. Las órdenes de compra se realizan mediante contratación directa, sin ningún tipo de control.