La delegación nacional estuvo encabezada por el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien planteó que el Gobierno sólo puede transferir recursos asociados a obras viales, junto con la responsabilidad de su ejecución. “Si aceptamos la propuesta de las provincias, pasaríamos de estar balanceados a entrar en déficit”, argumentó Guberman durante el encuentro, en línea con la premisa oficial del equilibrio fiscal.

Además, el funcionario sostuvo que Nación está dispuesta a discutir un tope de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para distribuir entre las jurisdicciones, pero dejó en claro que cualquier otro esquema de transferencia pondría en riesgo las cuentas públicas. También deslizó la intención de revisar normas que fijan asignaciones específicas o pisos de gastos.

La respuesta de las provincias fue tajante. “Lo que ofrece Nación es muy poco, apenas $300 millones”, señalaron fuentes cercanas a los gobernadores, quienes volvieron a manifestar su malestar. En ese contexto, confirmaron que enviarán al Congreso el proyecto de ley que propone eliminar los fondos fiduciarios que se financian con el impuesto a los combustibles, para que esos recursos se repartan entre las 24 jurisdicciones.

Ese proyecto, consensuado la semana pasada por los mandatarios sin la participación del Gobierno, apunta a desactivar fideicomisos como el de Infraestructura Hídrica —que percibe el 4,31%— y el de Infraestructura del Transporte, que absorbe el 25,58%. Este último destina la mitad de su recaudación a Vialidad Nacional. También se incluye el fondo de Compensación al Transporte Público, que recibe el 2,55%.

Los gobernadores argumentan que Nación, este año, sólo giró un tercio de los fondos previstos a Vialidad y que, ante ese incumplimiento, es necesario reformular el esquema. “Queremos que esos recursos vuelvan a las provincias y que cada una defina sus prioridades”, remarcan desde el bloque de mandatarios, que ahora busca respaldo legislativo para avanzar con la iniciativa.