Al menos 30 colegios denunciaron a las clínicas truchas por haber firmado convenios millonarios

Unos 30 colegios de La Matanza denunciaron que habían firmado convenios para la atención de emergencias médicas con las clínicas investigadas en la causa por una presunta red de médicos falsos y certificados truchos que funcionaba en distintas localidades del distrito bonaerense.

Según la información incorporada al expediente, los establecimientos educativos habían contratado servicios de asistencia para alumnos y docentes con empresas vinculadas a “Argentina Salud”, la clínica de González Catán que quedó en el centro de la investigación judicial por presunto ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos y utilización irregular de sellos profesionales.

De acuerdo con los datos conocidos hasta el momento, los 30 colegios habían suscripto acuerdos para la cobertura de emergencias médicas dentro de las escuelas. Algunos establecimientos incluso abonaron el importe anual correspondiente a todo 2026.

Fuentes vinculadas al caso indicaron además que ciertos contratos contemplaban pagos de hasta 1,3 millones de pesos por apenas 50 llamados de emergencia.

La investigación también reveló que a algunos colegios acudieron ambulancias y autos particulares para atender emergencias médicas. Tras esas intervenciones, se dejaban certificados sellados que ahora son investigados por la Justicia bajo la sospecha de haber sido confeccionados con sellos presuntamente falsos.

La aparición de los colegios dentro del expediente amplió el alcance de la causa y profundizó las sospechas sobre el funcionamiento de una estructura que, según los investigadores, habría operado durante al menos cinco años en distintas zonas de La Matanza.

Uno de los testimonios que complicó la situación judicial de los acusados fue el de Dunia Mercedes Suazo Pulido, una médica cubana detenida en la causa. Ante la Justicia reconoció que no tenía el título revalidado para ejercer en la Argentina y admitió que utilizaba el sello de otra profesional para atender pacientes.

Según declaró, el sello le había sido entregado por Alberto Santarceri, señalado por los investigadores como dueño de “Argentina Salud”.

También prestó declaración el médico boliviano Carlos Covarrubias, quien admitió que trabajaba utilizando el sello de otro médico y que realizaba atención de emergencias tanto en ambulancias como en escuelas.

De acuerdo con el expediente, Covarrubias sostuvo que intervenía en emergencias dentro de establecimientos educativos y que además trabajaba en consultorios de Virrey del Pino. En su testimonio indicó que llevaba certificados previamente sellados y que cobraba 80 mil pesos por guardias de 24 horas.

Tanto Suazo Pulido como Covarrubias señalaron que al comenzar cada servicio recibían sellos médicos vinculados a Santarceri y que luego los devolvían al finalizar la jornada a Sofía Luna, esposa del empresario.

La causa está a cargo del juez de garantías Rubén Ochipinti y del fiscal Fernando Garate. Los investigadores intentan determinar si detrás de la clínica funcionaba una organización dedicada al ejercicio ilegal de la medicina y a la confección de documentación médica presuntamente irregular.

En paralelo, la Justicia busca establecer si hubo menores afectados por las maniobras investigadas, a partir de las referencias a atenciones médicas realizadas en escuelas y certificados emitidos dentro de ese circuito.

La investigación comenzó luego de la denuncia presentada por una médica que aseguró que utilizaban su nombre, matrícula y sello sin autorización. A partir de esa presentación se realizaron allanamientos en González Catán, Virrey del Pino, San Justo y Canning.

Durante esos procedimientos fueron secuestrados documentos, sellos médicos, equipos informáticos, vehículos y dispositivos electrónicos. Además, según trascendió en la causa, se detectaron vehículos con patentes adulteradas.

En total fueron detenidas 29 personas. Entre los principales acusados figuran Alberto Santarceri, Sofía Luna, Dunia Mercedes Suazo Pulido, Brian Marcelo Santarceri, Nicolás Alberto Santarceri y Gabriel Musse. Otras 23 personas quedaron identificadas como investigados secundarios.

Sobre los acusados pesan cargos por asociación ilícita, ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos y venta ilegal de medicamentos. La Justicia además no descarta incorporar futuras imputaciones por presunta estafa a medida que avancen las denuncias de pacientes y de instituciones que contrataron los servicios investigados.

Mientras tanto, los dueños de la clínica optaron por no declarar ante la Justicia.