Antes de la marcha, la CGT apuntó contra el Gobierno por el protocolo antipiquetes: “Una provocación innecesaria”

Tras la oficialización de la CGT por la marcha de este jueves 18 de diciembre, el Gobierno afirmó que aplicaría el protocolo antipiquetes y así evitar inconvenientes de alta magnitud. Ante eso, el sector gremial sacó un comunicado y apuntó por la medida del Ministerio de Seguridad.

El organismo sindical sostuvo que se trató de “una provocación innecesaria hacia los trabajadores que se movilizarán”, afirmando que no contribuyeron a un clima de respeto y “convivencia democrática”. En ese sentido, indiciaron que no solo tienen la libertad de manifestarse ante la reforma laboral porque “es una garantía constitucional y democrática que debe ser respetada por las autoridades públicas”, sino que lo iban a hacer de manera pacífica, organizada y responsable.

“La marcha es una herramienta legítima de expresión colectiva frente a políticas que afectan derechos fundamentales, el empleo, la producción y la justicia social”, afirmaron y le exigieron al Gobierno que garantice la integridad física y la libertad de las personas que participen.

Por último, el texto pide que el Ejecutivo se “abstenga de promover discursos estigmatizantes o intimidatorios que solo profundizan la confrontación y ponen en riesgo la paz social”.

En una reunión realizada tras el ingreso al Senado del proyecto de reforma laboral, la CGT volvió a manifestar su postura crítica. Se remarcó que el país atraviesa un proceso de “industricidio”, con la caída de más de 18.000 pymes y la pérdida de al menos 300.000 empleos formales, lo que implica que “400 trabajadores pierden su trabajo todos los días”.

Durante el encuentro, también se rechazaron los dichos del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien omitió en conferencia de prensa las objeciones que la CGT presentó formalmente en el marco del denominado “Consejo de Mayo”.

Gerardo Martínez, representante de la CGT en dicho espacio, había expresado con claridad la negativa al proyecto y remarcó que las propuestas “replican aspectos del DNU 70/23”, con una mirada ideológica y no pragmática de las relaciones laborales.