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ECONOMÍA

Crisis en una histórica agroindustria láctea

Ministros, intendentes y legisladores provinciales unificarán las denuncias contra los dueños de Lácteos Verónica. Los acusan de desviar fondos hacia otra firma mientras mantienen paralizadas tres plantas clave, dejando en vilo a productores y a más de 700 familias.

3 de Junio de 2026

El conflicto en torno a la firma Lácteos Verónica ingresó en una fase de definiciones legales drásticas en la búsqueda de un vuelco definitivo a la situación de parálisis que afecta a la cuenca lechera santafesina.

 

En una masiva mesa de trabajo virtual efectuada a través de la plataforma Zoom, que congregó a más de 30 participantes, mandatarios locales de los municipios damnificados, legisladores provinciales y altos funcionarios del Poder Ejecutivo de Santa Fe consensuaron unificar la estrategia judicial para ganar músculo frente a los directivos de la empresa láctea.

 

La principal resolución del cónclave, que contó con la participación activa de los senadores provinciales Felipe Michlig (San Cristóbal) y Alcides Calvo (Castellanos), junto al ministro de Trabajo santafesino, Roald Báscolo, consiste en concentrar todas las denuncias penales existentes en un único expediente colectivo.

 

Según explicaron los equipos letrados que asesoran a las partes, la centralización penal tiene como objetivo dotar de mayor solidez a los reclamos y presionar con firmeza institucional ante los tribunales.

 

Los argumentos presentados durante el encuentro virtual exponen un panorama severo sobre el manejo de la compañía. De acuerdo con las acusaciones vertidas por los representantes sectoriales, existen indicios y elementos de prueba suficientes para exigir que la Justicia investigue un presunto vaciamiento empresarial continuado.

 

Los demandantes sostienen que “los propietarios de Lácteos Verónica desviaron sistemáticamente capitales y activos durante los últimos dos años" hacia “Becerra”, otra línea comercial perteneciente al mismo entramado corporativo, en detrimento del sostenimiento operativo de las fábricas tradicionales.

 

Paralelamente, la unificación penal persigue un propósito de fondo sumamente ambicioso: edificar los cimientos jurídicos que habiliten, en el mediano plazo, la facultad de expropiación estatal o comunitaria.

 

El objetivo prioritario de las autoridades y los damnificados es que las instalaciones industriales puedan reactivarse a la brevedad bajo una nueva administración, garantizando la preservación del patrimonio y devolviendo la operatividad a un eslabón clave de la economía regional.

 

Mientras el frente penal se aglutina en una sola dirección, los participantes ratificaron que las acciones individuales seguirán su curso habitual en los restantes fueros judiciales para atender las urgencias inmediatas de cada sector.

 

En el ámbito laboral, las organizaciones gremiales y los empleados sostendrán los litigios y las audiencias por los salarios caídos, las indemnizaciones pendientes y la falta de cobertura en los aportes previsionales y de obras sociales.

 

Por su parte, en el fuero comercial, tanto los productores tamberos como los proveedores de insumos de la región mantendrán sus respectivas demandas ejecutorias orientadas a intentar recuperar las millonarias sumas que la firma les adeuda por la entrega de materia prima.

 

La crisis de Lácteos Verónica mantiene completamente paralizadas las actividades en las localidades de Suardi, Lehmann y Clason.

 

La inactividad de los complejos fabriles golpea de manera directa el sustento económico de más de 700 familias del interior de Santa Fe, resintiendo gravemente el flujo comercial del sector lácteo y encendiendo luces de alerta en los municipios, que ven peligrar las principales fuentes de empleo genuino de sus comunidades.

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