Denuncian a Julián Álvarez por la represión a 80 trabajadores municipales despedidos

El conflicto por los 80 despidos en el sector de barrido de Lanús se profundizó, luego de que los trabajadores relevados de su puesto realizaran cortes simultáneos en distintos puntos del distrito liderado por Julián Álvarez, y denunciaran un accionar represivo por parte de fuerzas de seguridad durante la protesta.

En el marco de la jornada de protesta, los trabajadores llevaron adelante cortes en dos accesos clave del partido, uno en el Puente Alsina y otro en la intersección de las avenidas Hipólito Yrigoyen y Brasil, como parte de un plan de lucha que busca visibilizar los despidos y la falta de respuestas por parte del Ejecutivo local a las 80 familias que quedaron sin sustento de un día para otro.

Es preciso mencionar que, la movilización fue impulsada por empleados del área de limpieza de Lanús junto a organizaciones sociales y gremiales, entre ellas la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), que emitió un comunicado en respaldo a los despedidos y en rechazo a la política adoptada por la gestión municipal.

Según relató Florencia Aranda a Diputados Bonaerenses, las protestas en los dos puntos claves de Lanús debieron ser levantados antes del mediodía por episodios de represión registrados en el cruce de Brasil e Yrigoyen, donde hubo dos manifestantes golpeados por la Policía bonaerense, y seis que resultaron gaseados.

En ese sentido, la trabajadora despedida del sector de barrido de Lanús precisó que, en la previa de la movilización de los municipales no existió ningún canal de diálogo con el municipio, y remarcó que la gestión encabezada por el intendente Julián Álvarez no mostró predisposición para abrir una instancia de negociación.

En tanto, las denuncias por represión se suman a un conflicto que lleva varias semanas y que ya había sido expuesto públicamente por los propios trabajadores despedidos. En un diálogo previo con este medio, Aranda había dado cuenta de la situación de las 80 familias afectadas por los despidos en el sector de barrido y limpieza de Lanús, un conflicto que, lejos de resolverse, se agravó con el paso de los días y derivó en nuevas medidas de fuerza y en un endurecimiento del reclamo.

Por su parte, desde la UTEP señalaron que los despidos forman parte de una política de ajuste que lleva adelante el Ejecutivo de Julián Álvarez, y que impacta de manera directa en los trabajadores más precarizados de la localidad. Por eso, la organización reclamó la reincorporación inmediata de los cesanteados, la reapertura de instancias de diálogo, mejoras en las condiciones laborales y el sostenimiento de políticas sociales en el distrito.

En ese marco, Aranda fue contundente al dirigir un mensaje al Ejecutivo municipal y al propio intendente: “Julián Álvarez tiene que dar marcha atrás con su decisión de dejar a 80 familias sin un plato de comida para llevar a sus casas, que deje de hacer persecución política y que vuelva a habilitar la comida de los comedores. Es un gobierno peronista, no libertario, tiene que revertir urgente su decisión”, concluyó.

El conflicto que estalló tras los despidos masivos en el área de barrido y limpieza dejó al descubierto un esquema de precarización laboral sostenido en el tiempo por la Municipalidad de Lanús, que los propios trabajadores denuncian como irregular y profundamente injusto.

Es que, según relató Aranda a Diputados Bonaerenses, el reclamo salarial llevaba meses sin respuesta y se daba en un contexto de ingresos extremadamente bajos, con sueldos que apenas alcanzaban los $140 mil mensuales, muy por debajo de la línea de pobreza y sin ningún tipo de estabilidad contractual ni derechos laborales básicos garantizados.

Por eso, uno de los puntos centrales del reclamo tiene que ver con el mecanismo de contratación utilizado por el Ejecutivo local, que, de acuerdo a los testimonios, elude cualquier forma de vínculo laboral formal. Los barrenderos aseguran que no cuentan con contratos firmados, recibos de sueldo ni encuadre claro dentro de la estructura municipal, ya que los pagos se realizaban a través de depósitos bancarios asociados a una cooperativa cuyo funcionamiento y matrícula desconocen.

A esa situación se suma una deuda concreta y urgente, ya que Julián Álvarez aún adeuda el último salario a los trabajadores despedidos, pese a que cumplieron tareas durante todo el mes. Desde el sector remarcan que se trata de un incumplimiento grave, ya que decenas de familias quedaron sin cobrar su ingreso mensual en un contexto económico crítico. Para los barrenderos, la falta de pago no es un hecho aislado, sino parte de una decisión política que busca disciplinar a quienes sostuvieron reclamos salariales y visibilizaron la precariedad del servicio.