El SENASA le quitó poder regulatorio a las provincias y municipios con una “simplificación” de los trámites

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) dispuso la eliminación de la exigencia de habilitaciones provinciales y municipales en diversos trámites administrativos, con el objetivo de simplificar procesos y reducir la carga burocrática sobre el sector agroalimentario, una medida que quedó formalizada mediante la Resolución 233/2026 publicada este viernes en el Boletín Oficial, que se inscribe dentro de la política de desregulación impulsada por el Gobierno nacional.

Es preciso mencionar que, la decisión implica una modificación profunda en el esquema de requisitos que debían cumplir productores, establecimientos y operadores vinculados a la actividad agropecuaria, sanitaria y comercial, dado que hasta ahora era obligatorio acreditar ante el SENASA permisos otorgados por autoridades locales para avanzar en gestiones, una práctica que, según se argumenta en la norma, generaba “duplicaciones y dificultades operativas”.

En ese sentido, desde el SENASA explicaron que la medida apunta a eliminar la superposición de documentación, ya que la coexistencia de exigencias nacionales y locales “derivaba en trámites más complejos y costosos” para los productores agropecuarios, sobre todo por la diversidad de criterios aplicados por provincias y municipios, lo que, de acuerdo a lo expuesto por el Gobierno nacional, dificultaba la estandarización de procedimientos y ralentizaba la operatoria del sector.

Entre los cambios más relevantes, la resolución firmada por María Beatriz Giraudo Gaviglio suprime la obligación de presentar habilitaciones locales en una serie de trámites específicos, entre ellos los vinculados al diagnóstico de anemia infecciosa equina, certificaciones sanitarias establecimientos porcinos, tratamientos fitosanitarios de embalajes de madera, habilitación de terminales de carga, registros de establecimientos avícolas, predios feriales y productos veterinarios, lo que configura un alcance amplio dentro del entramado regulatorio vigente.

Asimismo, la nueva normativa del SENASA introduce modificaciones puntuales en determinados procedimientos con el objetivo de simplificar aún más las exigencias, como ocurre en el caso de los establecimientos porcinos, donde se limita el requisito a la inscripción en el Renspa, mientras que en el caso de las terminales de carga se establecen nuevas condiciones vinculadas a la acreditación de constancias relacionadas con el régimen aduanero, reemplazando así requisitos previos considerados redundantes.

Por caso, la resolución se enmarca en la política general de desregulación promovida por el Poder Ejecutivo, particularmente a partir del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 y sus normas complementarias, que buscan reducir regulaciones consideradas innecesarias o que impliquen sobrecostos para la actividad económica, en línea con una estrategia orientada a mejorar la eficiencia del sector productivo.

No obstante, desde el SENASA aclararon que la eliminación de estas exigencias documentales no implica una pérdida de competencias por parte de las jurisdicciones locales, ya que las condiciones vinculadas a seguridad, salubridad y uso del suelo continúan bajo la órbita de las provincias y los municipios, por lo que los operadores deberán cumplir con la normativa vigente en cada distrito.

En ese marco, el SENASA subrayó que la medida no exime a los actores del sector del cumplimiento de las regulaciones locales, sino que se limita a simplificar la tramitación ante el organismo nacional, eliminando requisitos formales que eran considerados duplicados, con la intención de agilizar los procesos administrativos sin modificar las responsabilidades sustantivas en materia de control sanitario y regulatorio.

En paralelo a la implementación de la Resolución 233/2026 del SENASA, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, respaldó públicamente la iniciativa firmada por Giraudo Gaviglio y la encuadró dentro de una estrategia más amplia orientada a reducir cargas administrativas, al tiempo que apuntó contra lo que definió como “prácticas abusivas” por parte de algunos gobiernos locales, por lo que consideró que la eliminación de requisitos de habilitación municipal en trámites nacionales constituye “un granito de arena para contener la voracidad municipal”.

En ese sentido, el funcionario ilustró su postura con un caso concreto ocurrido en la ciudad bonaerense de Tres Arroyos, donde, según relató, una aerolínea que proyectaba operar vuelos hacia la localidad se encontró con la imposición de una nueva tasa aeroportuaria por parte de las autoridades municipales, lo que, a su entender, podría poner en riesgo la conectividad aérea, y sostuvo que este tipo de situaciones reflejan una lógica que afecta tanto a grandes como a pequeños actores económicos.

A partir de ese ejemplo, Sturzenegger señaló que “incontables empresarios chicos y grandes” han manifestado problemáticas similares vinculadas a exigencias locales, y remarcó que en muchos casos estas prácticas se ven potenciadas porque la propia normativa nacional requería previamente habilitaciones municipales, lo que, según su análisis, ampliaba el margen para la discrecionalidad, de modo que la decisión del Gobierno apunta a desarticular ese esquema.

“Por ello hemos decidido remover los requisitos de la habilitación municipal de toda o casi toda la normativa nacional. No es que las empresas no deban luego cumplir la normativa local, simplemente que aquello pasa a ser un tema jurisdiccional que el Gobierno nacional no va ni debe auditar”, explicó Sturzenegger, quien a su vez planteó que la medida no implica eliminar controles sino reordenar competencias, separando claramente las responsabilidades de cada nivel del Estado.

En esa línea, el ministro profundizó el argumento al sostener que “el cumplimiento o no de la normativa local no exime ni condiciona al Estado nacional de hacer su propio trabajo. Son carriles separados”, y agregó que esta diferenciación evita que la normativa nacional funcione como un instrumento indirecto para reforzar la capacidad de presión de los municipios, lo que, según indicó, permite garantizar mayor previsibilidad para el sector productivo.