Estados Unidos incluye a la Argentina en una investigación comercial por trabajo forzoso

La administración de Donald Trump volvió a poner el foco sobre la Argentina en materia comercial. El gobierno de Estados Unidos incluyó al país en una investigación internacional sobre los controles a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso, una decisión que abre interrogantes sobre el impacto en la relación bilateral pese al vínculo político que el presidente Javier Milei busca sostener con Washington.

La pesquisa fue anunciada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que conduce Jamieson Greer, y alcanza a 60 economías del mundo, entre ellas a varios aliados históricos de Washington y a los principales socios comerciales de la potencia norteamericana.

Según el organismo, el objetivo es determinar si los gobiernos investigados “han tomado medidas suficientes para prohibir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso” y si la falta de controles puede constituir una práctica que perjudique al comercio estadounidense.

El proceso se abrió en el marco de la Sección 301(b) de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta que Estados Unidos utiliza para responder a lo que considera prácticas comerciales “injustificables, irrazonables o discriminatorias”.

El comunicado oficial explicó que la investigación analizará si las políticas de cada país relacionadas con el control de importaciones vinculadas al trabajo forzoso “son irrazonables o discriminatorias y cargan o restringen el comercio de Estados Unidos”.

La lista incluye a la Argentina junto a países como China, Brasil, India, Japón, Canadá, México, Israel y la Unión Europea, además de varias economías de Asia, África y América Latina. También aparecen Colombia, Perú, Uruguay, Chile y Venezuela.

En la nómina figuran incluso aliados estratégicos de Washington, lo que muestra que la investigación se plantea como una revisión amplia del comercio internacional.

El titular del USTR sostuvo que “a pesar del consenso internacional contra el trabajo forzoso, los gobiernos no han impuesto ni aplicado eficazmente medidas que prohíban la entrada de bienes producidos bajo estas prácticas”.

Greer agregó que “durante demasiado tiempo los trabajadores y empresas estadounidenses se han visto obligados a competir con productores extranjeros que pueden tener una ventaja de costos artificial derivada del flagelo del trabajo forzoso”.

La decisión llega en un contexto particular de la política comercial estadounidense. Meses atrás, la Corte Suprema de ese país declaró ilegales los aranceles recíprocos que la Casa Blanca había impuesto en 2025, al considerar que excedían las facultades presidenciales y que la potestad de fijar impuestos corresponde al Congreso.

En ese escenario, la investigación basada en la Sección 301 aparece como una vía alternativa para habilitar nuevas medidas comerciales o sanciones.

Este mecanismo podría abrir la puerta a la aplicación de gravámenes o restricciones a importaciones provenientes de los países bajo investigación si Washington concluye que existen prácticas que afectan a su economía.

El propio gobierno estadounidense vinculó la investigación con el impacto económico del trabajo forzoso en el comercio global.

En el informe que da inicio a la investigación, Washington citó datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que estiman que 28 millones de personas en el mundo se encuentran en situación de trabajo forzoso, lo que equivale a 3,5 de cada mil habitantes del planeta.

Según ese organismo internacional, entre 2016 y 2021 la cantidad de personas en esa condición creció en 2,7 millones, impulsada principalmente por el sector privado.

La OIT también calculó que los beneficios económicos derivados del trabajo forzoso en la economía privada global alcanzan aproximadamente 63.900 millones de dólares anuales, con ganancias promedio de 2.113 dólares por víctima en el sector agrícola y 4.994 dólares en la industria.

Desde la oficina comercial estadounidense sostuvieron que ese fenómeno genera distorsiones en el comercio global porque las empresas que utilizan trabajo forzoso pueden vender productos a precios más bajos.

“Las empresas que utilizan trabajo forzoso incurren en costos laborales artificialmente bajos y, como resultado, pueden vender sus productos a un precio inferior al que tendrían de otro modo”, señaló el organismo.

El proceso formal de investigación ya comenzó. Washington solicitó a los países involucrados que presenten comentarios escritos y pedidos para participar en audiencias antes del 15 de abril, mientras que las exposiciones públicas se realizarán el 28 de abril.

Greer afirmó que las pesquisas buscarán establecer “si los gobiernos extranjeros han tomado medidas suficientes para prohibir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso y cómo la falta de erradicación de estas prácticas afecta a los trabajadores y empresas estadounidenses”.