La provincia puso en marcha el INCAA bonaerense, con fondos propios e incentivos para el sector.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires promulgó la Ley 15.607 y activó un nuevo régimen integral de fomento, promoción y regulación de la actividad audiovisual. La norma, aprobada por la Legislatura en noviembre pasado, establece un esquema institucional y financiero que funciona como un “INCAA bonaerense” bajo la órbita de la gestión de Axel Kicillof.

La normativa, aprobada en paralelo al Presupuesto 2026, combina una mirada cultural con un enfoque industrial y fija metas específicas para consolidar al sector como una actividad estratégica. La propuesta establece como objetivo estimular y proteger la creación de contenidos audiovisuales bonaerenses, alentar la generación de empleo y garantizar el acceso a la cultura, en plena avanzada sobre las políticas culturales a nivel nacional.

En primer lugar, la nueva Ley declara a la actividad audiovisual como productiva, de interés público y cultural, al tiempo que reconoce a la industria del cine como parte del patrimonio cultural de la provincia. El texto sancionado apunta a fortalecer la cadena de valor del sector, desde la formación y el desarrollo de proyectos; hasta la producción, distribución, exhibición y comercialización, en el mercado nacional e internacional.

A partir de este horizonte, la resolución establece la creación del Registro Único de la Actividad Audiovisual Bonaerense, de inscripción obligatoria para acceder a beneficios. En ese marco, los proyectos deberán cumplir requisitos fiscales, laborales y previsionales, realizarse total o parcialmente en la provincia y contar con al menos un 50% de equipo (técnico y artístico) bonaerense.

Bajo la misma premisa, la normativa prevé la articulación entre organismos públicos y privados, universidades y sindicatos, con la finalidad de ampliar el alcance del audiovisual bonaerense. En paralelo, el nuevo marco normativo promueve la protección de derechos laborales y creativos de técnicos, artistas y realizadores.

Otro de los ejes clave es la creación del Fondo de Fomento y Promoción Audiovisual, que contará con un presupuesto inicial de $675.760.000. Estos recursos estarán destinados en su totalidad a programas de desarrollo y estímulo a la inversión y, según detallaron las autoridades provinciales, se actualizarán de manera anual a través de la Ley de Presupuesto.

Por otro lado, el régimen habilita ciertos incentivos económicos para atraer inversiones nacionales y extranjeras a la provincia de Buenos Aires. Entre las herramientas previstas, se incluyen reintegros de hasta el 40% de la inversión realizada en territorio bonaerense, con el objetivo de competir con otros distritos y países que ofrecen beneficios similares.

Vale precisar que la autoridad de aplicación será el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, que preside la dirigente camporista Florencia Saintout. En tanto, el organismo bonaerense deberá implementar un Plan Estratégico Anual y un Plan de Fomento Audiovisual sin crear nuevas estructuras administrativas, utilizando el personal existente.

El sector audiovisual recibió con cautela la sanción de la Ley Audiovisual de la provincia de Buenos Aires, que crea un esquema de fomento similar a un “INCAA bonaerense”. El historiador y realizador, Gregorio Anchou, valoró la iniciativa, aunque la ubicó como una respuesta acotada frente al escenario nacional, al definirla como “una política de reducción de daños” ante el desmantelamiento del sistema de fomento a nivel país.

“El fondo de fomento armado en la provincia apenas llega raspando al medio millón de dólares, lo que representa el 5% del presupuesto que manejaba el INCAA nacional”, explicó Anchou, y aun así consideró que la iniciativa podría generar algo de empleo y funcionar como una “resistencia mínima”, frente al desmantelamiento nacional.

En ese marco, Anchou advirtió que el emblemático Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales dejó de cumplir su rol histórico de financiamiento y recordó que, hasta 2023, el organismo manejaba “entre 10 y 12 millones de dólares por año”, mientras que en la actualidad atraviesa un proceso de desarticulación que impacta de lleno en las condiciones laborales del sector.

Por último, el realizador describió un fuerte deterioro del entramado productivo, con técnicos “muy profesionalizados” trabajando de manera precarizada en plataformas y con mucha más carga horaria. En paralelo, el referente de la industria agregó que una parte significativa del sector debió buscar alternativas fuera de la actividad o incluso emigrar, en lo que definió como “una devastación del ecosistema audiovisual argentino”.