Una diputada se lanzó contra el Gobierno, tras el plan de “retiros voluntarios” que se ofrecieron en ANSES

La diputada bonaerense del peronismo Soledad Alonso cuestionó al gobierno de Javier Milei luego de que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pusiera en marcha un plan de retiros voluntarios destinado a su personal permanente. La legisladora vinculó la medida con una política de reducción del empleo público y expresó críticas a la gestión nacional, mientras que desde el sindicato SECASFPI difundieron un comunicado en el que denunciaron presiones sobre los trabajadores del organismo.

A través de un mensaje público, Alonso sostuvo que la política económica impulsada por el Gobierno nacional impacta de manera directa sobre el empleo y el funcionamiento del Estado, y afirmó: “Milei odia al Estado y a las y los trabajadores. Mientras las mentiras y los escándalos de su Gobierno quedan al descubierto y el rumbo económico beneficia a unos pocos, continúan destruyendo empleo”, afirmó la legisladora, que además sostuvo que la estrategia oficial implica un proceso de reducción de puestos laborales en el sector público.

En esa misma línea, Alonso señaló que el plan impulsado por la administración nacional busca generar un contexto de presión sobre los trabajadores estatales. “Hoy buscan forzar despidos con desgaste, incertidumbre y vaciamiento de políticas públicas”, expresó la diputada, que también cuestionó el enfoque del Gobierno respecto de la reorganización del aparato estatal y sostuvo que las medidas adoptadas no constituyen un proceso de modernización, sino un recorte en la estructura del empleo público.

Por caso, la diputada también planteó que el país requiere políticas orientadas a fortalecer el trabajo y mejorar las condiciones laborales. “No es modernización: es achique. Argentina necesita más y mejores puestos de trabajo y mejores condiciones laborales. Y vamos a seguir defendiéndolos, como siempre lo hicimos”, afirmó Alonso, que concluyó su mensaje con una consigna de respaldo a los trabajadores al señalar que “la lucha es de todos”.

Es preciso mencionar que, las críticas de la legisladora se produjeron en paralelo a un comunicado difundido por el Sindicato de las y los trabajadores de la ANSES (SECASFPI), en el que la organización cuestionó el plan de desvinculaciones impulsado por el Gobierno nacional. En el documento, la conducción del gremio sostuvo que mientras los trabajadores reclaman paritarias y recomposición salarial, la respuesta oficial consiste en ofrecer retiros voluntarios dentro del organismo.

El comunicado difundido por SECASFPI, titulado “Aprietan a los trabajadores y lo llaman ‘voluntario’”, también cuestionó lo que describió como contradicciones en el uso de recursos públicos y planteó críticas hacia determinados funcionarios del Gobierno nacional. Allí se sostiene que, mientras se exige a los trabajadores aceptar el esquema de retiros, algunos funcionarios utilizan el Estado para gastos que no se vinculan con las necesidades de la población.

En el texto, el gremio también expresó cuestionamientos al rumbo económico y a determinadas iniciativas vinculadas al sistema financiero, al señalar que mientras el país necesita políticas para defender la industria y el empleo, lo que aparece son “promesas vacías, negocios financieros y estafas disfrazadas de modernidad, como las criptomonedas”. Asimismo, la organización sindical afirmó que el proceso de retiros voluntarios se produce en un contexto que describieron como una política de presión económica y emocional sobre los trabajadores.

En tanto, el plan cuestionado fue implementado mediante la Resolución 68/2026 de la ANSES y forma parte de la estrategia de reorganización estatal impulsada por el Gobierno nacional, la cual cuenta con el respaldo de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública y de la Secretaría de Hacienda. La medida establece un régimen denominado Plan de Retiros de Voluntad Recíproca, dirigido a trabajadores permanentes del organismo con al menos dos años de antigüedad.

El programa permite que los empleados se desvinculen del organismo mediante un acuerdo mutuo formalizado ante la autoridad administrativa del trabajo. Como incentivo principal, el régimen contempla una gratificación extraordinaria que equivale al 90% del salario bruto mensual por cada año trabajado, con un tope máximo de 24 sueldos y la posibilidad de percibir hasta 80 millones de pesos, monto que puede abonarse en una sola cuota o en dos pagos consecutivos dependiendo del total a cobrar.

Es preciso mencionar que, para acceder al beneficio, los trabajadores deben integrar la planta permanente de ANSES y cumplir con los requisitos establecidos en el régimen. En tanto, la Dirección General de Recursos Humanos del organismo es la encargada de implementar el proceso, aprobar los modelos de acuerdos de desvinculación y garantizar que cada trámite se formalice ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria, mientras que los acuerdos deben contar con asesoramiento letrado y homologación administrativa.

No obstante, el esquema de retiros voluntarios fija diversas exclusiones: no pueden adherirse quienes estén procesados o condenados por delitos contra la administración pública, quienes enfrenten procedimientos disciplinarios, empleados que hayan iniciado su trámite jubilatorio o presentado su renuncia, personal mayor de 62 años ni agentes con litigios laborales pendientes salvo que desistan expresamente de ellos. Además, los trabajadores con cargos sindicales deben renunciar a esa representación y a la tutela gremial para acceder al programa.

El plazo de adhesión al plan de retiro voluntario se extiende hasta el 5 de abril y establece que la desvinculación implica la extinción definitiva del vínculo laboral con la ANSES. Asimismo, quienes acepten no podrán reingresar a la administración pública nacional bajo ninguna modalidad de contratación durante un período de cinco años, una condición que el régimen incorpora como mecanismo para consolidar la reducción de la planta estatal.

Por caso, la iniciativa se inscribe en un proceso más amplio de reducción del empleo público que impulsa la administración de Milei. Dentro de ese cronograma, el 21 de marzo aparece como una fecha relevante para avanzar en una nueva etapa de recorte en organismos estatales, en la que se prevé que al menos 5.000 cargos queden vacantes, en línea con la estrategia del Ejecutivo de disminuir el gasto público y reorganizar la estructura administrativa del Estado.