Lijo quedó a cargo de la causa que investiga la presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad

El juez federal Ariel Lijo quedó a cargo de la investigación por la presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), tras el sorteo realizado por la Cámara Federal para cubrir la subrogancia del Juzgado Federal 11.

La causa había sido instruida hasta ahora por el juez Sebastián Casanello, quien en los últimos días procesó a 19 personas, entre ellas Diego Spagnuolo, extitular de ANDIS, por su presunta participación en una asociación ilícita vinculada con sobornos y sobreprecios en la compra de medicamentos e insumos.

En las últimas horas, Casanello pidió ser excluido del sorteo para un nuevo período de subrogancia y solo quedaron disponibles Lijo y María Eugenia Capuchetti. María Servini y Marcelo Martínez de Giorgi también decidieron apartarse.

El cambio de juez se produce en medio de fuertes intentos de las defensas de los imputados para lograr la nulidad de la causa. Los abogados plantearon irregularidades en la obtención de pruebas, incluidos audios de Spagnuolo que habrían sido utilizados para sostener la acusación.

En ese sentido, la Cámara Federal ordenó en las últimas horas que se analice el planteo de Spagnuolo, que había sido desestimado por Casanello, donde puso en duda la autenticidad de los audios, abriendo un nuevo capítulo procesal en el expediente.

La decisión, firmada por los jueces Martín Irurzun y Roberto Boico –con la disidencia de Eduardo Farah–, criticó duramente al juzgado de primera instancia por incumplir una orden previa del tribunal. Casanello descartó “in limine” el reclamo de los abogados de Spagnuolo, Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera, sin abrir el trámite correspondiente.

La defensa de Spagnuolo aseguró en distintas oportunidades que existen irregularidades en la génesis de la denuncia, al sostener que los audios presentarían fallas técnicas, como cortes, falta de metadatos y posibles manipulaciones mediante inteligencia artificial. En esa línea, invocaron la doctrina del “fruto del árbol envenenado”, argumentando que si la prueba inicial es inválida, toda la investigación debe anularse.

Antes de dejar la causa, Casanello procesó a Spagnuolo y a otros 18 acusados por administración fraudulenta. El magistrado aseguró que existió un entramado de corrupción en la ANDIS con adjudicaciones direccionadas, sobreprecios en insumos para personas con discapacidad y un sistema de retornos a través de droguerías proveedoras.

Entre los procesados figuran Daniel María Garbellini (exsubdirector), Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, identificados como líderes de la presunta asociación ilícita. El juez ordenó embargos millonarios y nuevas indagatorias, profundizando en las estructuras societarias involucradas.

Lijo hereda entonces un expediente con procesamientos firmes por un lado, pero con la obligación de examinar retroactivamente la validez del inicio de la causa por el otro. Este panorama deja abierta la posibilidad de un cierre prematuro si se comprueban irregularidades o de un avance hacia juicio si se valida el origen.

Lijo es titular del Juzgado Federal 4 y había sido propuesto por el presidente Javier Milei como candidato para integrar la Corte Suprema de Justicia, pero su postulación no obtuvo el aval del Senado el año pasado. Ahora, enfrenta el desafío de avanzar en una causa que involucra al titular del Ejecutivo y a su hermana, Karina Milei.