Un exconcejal que evitó un test de alcoholemia llega al Ministerio de Seguridad bonaerense

El Ministerio de Seguridad bonaerense designó como director a Jonatán Alberto Arce, el exconcejal de Bahía Blanca que en 2024 renunció a su banca tras negarse a realizar un test de alcoholemia en un control de tránsito. La medida se formalizó con la firma del titular de la cartera provincial, Javier Alonso, y reavivó cuestionamientos por su antecedente reciente.

El funcionario se desempeñará como Director de Coordinación Municipal y Control Rural de la Región Interior Sur, un cargo que articula tareas de fiscalización en distintos distritos fuera del conurbano y que depende de la Subsecretaría de Fiscalización y Control Policial, lo que le otorga injerencia en operativos y supervisión en zonas rurales.

En tanto, la resolución oficial fijó como fecha de inicio el pasado 26 de diciembre, en carácter retroactivo, y detalló que el nombramiento de Arce cumple con los requisitos administrativos establecidos. Por su parte, las áreas técnicas del ministerio validaron la incorporación del exedil de Unión por la Patria (UxP) dentro del organigrama vigente de la cartera de Seguridad bonaerense.

No obstante, el regreso del dirigente bahiense a un rol dentro del Estado volvió a poner en foco su salida del Concejo Deliberante en el 2025. En aquel momento, el entonces representante de la bancada oficialista presentó su renuncia tras protagonizar un episodio en el que se negó a someterse a un test de alcoholemia en la vía pública.

El hecho ocurrió durante la madrugada del último 21 de noviembre, en el marco de un operativo de tránsito, cuando agentes locales interceptaron al referente de la organización Peronismo Barrial en un procedimiento rutinario. La normativa vigente establece que la negativa a realizar la prueba equivale a un resultado positivo, lo que derivó en una sanción económica superior al millón de pesos.

La situación generó una fuerte repercusión debido a que Arce integraba la comisión de Tránsito y Transporte dentro del deliberativo, lo que profundizó las críticas en el ámbito político y social, ya que su conducta quedó en tensión con las responsabilidades institucionales que ejercía.

Ante este panorama, distintas voces reclamaron al intendente Federico Susbielles su apartamiento inmediato del cargo, entre ellas la del referente de la organización Estrellas Amarillas, Santiago Saccoccia. La entidad, dedicada a la concientización sobre siniestros viales, cuestionó la continuidad del dirigente tras el episodio y exigió una respuesta política acorde.

“Actué de manera incorrecta”, sostuvo Arce en el descargo público que difundió tras el hecho, donde además pidió disculpas y reconoció su responsabilidad. “Quienes ocupamos funciones públicas debemos actuar con responsabilidad”, explicó el entonces concejal, que agregó además que su renuncia buscó resguardar el funcionamiento institucional.

En paralelo a la designación de Jonatán Arce dentro de la estructura del Ministerio de Seguridad, el titular de la cartera bonaerense, Javier Alonso, desplegó una agenda centrada en el diagnóstico del delito y la coordinación federal. El funcionario de Axel Kicillof participó del Consejo de Seguridad Interior en Córdoba junto a ministros de todo el país, en un encuentro que puso el foco en los cambios recientes en la dinámica criminal.

Durante su intervención, Alonso sostuvo que la provincia de Buenos Aires atraviesa una baja sostenida en los robos tradicionales y en los homicidios en ocasión de robo. El ministro precisó que el territorio bonaerense registró 89 casos de este tipo en el último año y que el total de crímenes descendió a 751, cifras que ubicó como las más bajas de la serie histórica reciente.

Sin embargo, el titular de la cartera advirtió sobre un fenómeno que, según explicó, redefine el mapa del delito. “Lo que vemos es un incremento fuerte de la violencia; tenés menos delitos, pero mucha más violencia”, afirmó Alonso, al describir un escenario atravesado por conflictos interpersonales que escalan con mayor frecuencia hacia situaciones letales.

Finalmente, el dirigente provincial también abordó el crecimiento del ciberdelito y los desafíos del sistema penitenciario bonaerense. Sobre este punto, Alonso señaló que el robo de celulares se orienta cada vez más al acceso a datos personales para estafas, mientras que detalló que la Provincia aloja a 56.000 detenidos y sumó 12.000 nuevos encarcelamientos, al tiempo que reclamó recursos para afrontar la sobrepoblación y fortalecer las políticas de seguridad.