Además, aprobó y giró a la Cámara de Diputados la modificación del régimen previsional del Banco Provincia (Bapro). Tres exlibertarios, entre los que se encuentra Carlos Kikuchi, fueron fundamentales para conseguir el quorum.

El Régimen de Fomento para Inversiones Estratégicas en la Provincia de Buenos Aires fue enviado a la Legislatura el pasado 11 de septiembre y se sancionó el 25, con el voto de los legisladores de Unión por la Patria.

Durante el debate en Diputados, la iniciativa recibió el rechazo de la bancada del PRO, el PRO-Libertad, La Libertad Avanza (LLA) y la izquierda, en tanto que la UCR-GEN, la Coalición Cívica, la UCR + Cambio Federal y Unión Renovación y Fe se abstuvieron de votar.

En el Senado oficialismo pudo convertirlo en ley gracias a los votos de los 21 legisladores peronistas y tres exlibertarios, Carlos Kikuchi, Sergio Vargas y Silvana Ventura. El PRO y LLA oficial votaron en contra y se abstuvieron el bloque de la UCR más el grupo que responde a Emilio Monzó.

La propuesta busca acompañar a quienes "invierten para generar valor agregado y empleo de calidad, apunta a generar proveedores locales, a incluir tecnologías, a diversificar la matriz productiva, a aumentar y sustituir importaciones, y a generar equidad".

Desde el Gobierno bonaerense se explicó que el ingreso de los proyectos al régimen de inversión se analizará para su aprobación o rechazo “en base a su contribución al desarrollo productivo, económico y social de la provincia” y se puntualizó que el plazo para presentar las propuestas será de dos años a partir de la entrada en vigencia de la norma.

Los proyectos elegibles serán aquellos de radicación de plantas o inversiones nuevas, ampliación de planta o de instalaciones existentes; habrá exenciones fiscales parciales sobre los impuestos de Ingresos Brutos, Inmobiliario y Sellos; y se les brindará estabilidad fiscal de hasta 30 años a quienes adhieran al régimen.

También se afirmó que los proyectos se segmentarán en tres grupos, de acuerdo al monto de la inversión (hasta 50 millones de dólares, mayores a 50 millones y menos de 200 millones) y se señaló que habrá beneficios adicionales en base al cumplimiento de determinadas condiciones como el incremento de los puestos de trabajo; la localización en zonas de ingresos bajos y parques industriales; las políticas de género; la innovación tecnológica; la sostenibilidad ambiental; la sustitución de importaciones y el incremento de las exportaciones.

La Cámara alta bonaerense también aprobó el proyecto de ley que el Kicillof envió para derogar la Ley N° 15.008, sancionada durante la gestión de María Eugenia Vidal, y establecer un nuevo marco normativo que busca restituir y ampliar los derechos de los jubiladas y pensionadas del Banco Provincia.

Para esta votación, también fueron claves los senadores del bloque que comanda Carlos Kikuchi y, para sorpresa, la legisladora Betina Riva, que responde a la diputada nacional de La Libertad Avanza, Carolina Piparo. De esta manera, el bloque peronista (con Sergio Berni presente de manera virtual) más los cuatro aliados circunstanciales, el proyecto fue a aprobado por 25 votos a favor contra 21 en contra.

Entre los puntos más destacados de la iniciativa, se plantea la reducción de la edad jubilatoria de las mujeres a 60 años, revirtiendo la reforma anterior que la había elevado a 65; la restitución del 82% móvil para el cálculo de los haberes jubilatorios del Banco Provincia (la ley de Vidal preveía el cálculo al 70%) y establecer las pensiones al 75% (la norma de la exmandataria provincial indicaba hacerlo al 70%).

En diciembre de 2017, en el gobierno de Vidal, la Legislatura provincial sancionó una ley que modificaba el régimen de jubilación para los empleados de la entidad, elevando la edad jubilatoria de las mujeres de 60 a 65 años, igualándola con la de los hombres.

Además, se implementó un cambio en el cálculo del haber jubilatorio, basándose en el promedio de los últimos diez años de salarios, en lugar de utilizar el último sueldo percibido. Este ajuste fue argumentado por el Ejecutivo como necesario para reducir el déficit de la caja previsional del Banco Provincia, que según el gobierno estaba generando una carga insostenible para las arcas de la provincia.

Sin embargo, la norma recibió una fuerte resistencia por parte de la oposición, sindicatos y empleados del Banco, que consideraron la medida como una amenaza a derechos adquiridos y una pérdida en sus condiciones laborales.

De hecho, el gremio La Asociación Bancaria, impulsó paros y movilizaciones en rechazo a la reforma, mientras que los legisladores de la oposición criticaron en duros términos las modificaciones.